La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) ordenó la intervención forzosa por un año del Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que atiende a más de 60.000 usuarios, por incumplimientos que se han documentado desde 2022 en los planes de mejoramiento.
De acuerdo con un comunicado emitido por la entidad, la medida responde a fallas en la atención de los usuarios, riesgos para los pacientes y deficiencias administrativas y financieras que impactan negativamente en la prestación de los servicios.
Las falencias en la atención de los ciudadanos se detectaron en acciones de inspección y vigilancia realizadas entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre. En esas diligencias, los funcionarios identificaron limitaciones en la capacidad de respuesta del centro hospitalario de tercer nivel de complejidad. Pues, de los 59 servicios habilitados, 13 no se estaban prestando. Además, el hospital tampoco garantizaba de manera permanente varias especialidades médicas, entre ellas cardiología pediátrica, oncología, reumatología y neumología.
“El hospital dispone de un solo cirujano general para atender simultáneamente diferentes servicios, lo que restringe su capacidad de respuesta frente a las necesidades asistenciales de la población. Adicionalmente, se identificaron pacientes en lista de espera quirúrgica con tiempos prolongados de más de un año y 3.676 estudios de radiología pendientes de lectura”, precisó la entidad en la comunicación oficial.
En las inspecciones que se llevaron a cabo, también quedó en evidencia el deterioro de la infraestructura del hospital, además de deficiencias estructurales y operativas que son críticas y condiciones inadecuadas en algunos equipos. Adicionalmente, los funcionarios de la superintendencia identificaron falencias en la implementación de protocolos de bioseguridad, específicamente en procesos orientados a la prevención de infecciones, la limpieza y desinfección, la esterilización, la seguridad transfusional y el funcionamiento del laboratorio clínico. Esto pone en riesgo la seguridad de los pacientes atendidos en el centro hospitalario.
Las fallas detectadas en el hospital también se identificaron en el suministro de medicamentos. Según la entidad, para el momento de la inspección, el centro de salud registraba faltantes de medicamentos e insumos esenciales, además de que no se estaba llevando un control adecuado sobre inventarios, dispensación, almacenamiento y conservación de las medicinas e insumos. La entidad consideró que estas condiciones incrementan todavía más los riesgos para la seguridad de los pacientes.
“La Supersalud también documentó que, pese a haberse dado un anticipo del 50 por ciento por $858 millones para la adquisición de una máquina para el tratamiento de residuos biológicos, esta no se ha entregado porque el hospital no ha realizado las adecuaciones físicas para su instalación”, añadió la entidad en la comunicación oficial.
Por otro lado, en materia financiera, la Superintendencia Nacional de Salud descubrió problemas de sostenibilidad y falta de confiabilidad en la información consignada en los estados financieros del hospital en cuestión. Según explicó, esa situación impide establecer con certeza la condición económica actual del centro de salud.
Lo que sí tiene claro la entidad es que, cuando llevó a cabo la labor de inspección y vigilancia, el hospital ya acumulaba un rezago de facturación cercano a los $3.605 millones. Ese monto corresponde a información reportada hasta diciembre de 2025. La situación se torna más complicada, teniendo en cuenta que el hospital no había implementado acciones efectivas de recaudo.
“El estudio técnico concluyó que estas dificultades, sumadas a las fallas de dirección, asistenciales y administrativas, generan riesgos para la continuidad operativa del hospital y evidencian deficiencias en su gestión gerencial”, detalló.
Debido a estas falencias, la superintendencia intervino forzosamente el hospital y designó a la médica Marjorie Englehard Archbold como agente especial interventora.
Esa medida se suma a 30 órdenes impartidas el 8 de octubre a la Gobernación del Archipiélago y a la gerencia hospitalaria. Con esas disposiciones, la entidad busca restablecer la dirección y el control institucional, proteger la continuidad de la atención médica y salvaguardar los recursos públicos.
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