La Procuraduría General de la Nación pidió suspender los pagos de un contrato de obra pública por más de $43.382 millones en Arauca, mientras se aclaran posibles irregularidades en el proceso mediante el cual fue seleccionada la empresa contratista.
El negocio fue suscrito entre la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca, EMSERPA, y la sociedad MOPEN S.A.S., con recursos relacionados con un convenio celebrado con el Ministerio de Vivienda.
Según informó Caracol Radio, la actuación preventiva comenzó después de una queja presentada por la Veeduría para la Transparencia Ciudadana, que también puso los hechos en conocimiento de las autoridades judiciales, la Contraloría General de la República y la Corte Suprema de Justicia.
A partir de esa denuncia, la Procuraduría Regional de Instrucción de Arauca pidió información al alcalde Juan Alfredo Quenza Ramos y al gerente de EMSERPA, Germán Javier Castro Tovar.
El objetivo es que entreguen documentación y expliquen las condiciones en las que se adelantó la contratación.
Procuraduría identificó siete puntos por aclarar
Uno de los principales aspectos bajo revisión es la modalidad utilizada para escoger al contratista.
El proceso se adelantó mediante una invitación pública bajo un régimen especial, sin utilizar los documentos tipo establecidos para el sector de agua potable y saneamiento básico.
La Procuraduría busca determinar si esa decisión se ajustó a las condiciones pactadas con el Ministerio de Vivienda y a las disposiciones legales aplicables.
Otro punto analizado corresponde a los tiempos del procedimiento.
De acuerdo con los documentos revisados por el organismo de control, entre la publicación de la convocatoria y su cierre habrían transcurrido pocos días hábiles.
La Procuraduría también solicitó explicaciones sobre los plazos que se otorgaron para presentar observaciones al proyecto de pliego y para pronunciarse frente al informe de evaluación.
Según la revisión preliminar, en ambos casos se habría concedido solo un día.
El organismo también advirtió que en los registros consultados no aparecen las audiencias de asignación de riesgos ni de adjudicación, por lo que requirió los soportes correspondientes y una explicación sobre la forma en que se desarrolló el proceso.
Revisión también incluye a la empresa seleccionada
La actuación preventiva contempla, además, el análisis de los requisitos exigidos a los participantes y de la situación jurídica de la empresa que finalmente obtuvo el contrato.
Por ahora, la Procuraduría no ha establecido responsabilidades ni ha concluido que existieran irregularidades.
La actuación busca recopilar información suficiente para determinar si el procedimiento se ajustó a las reglas aplicables y si las decisiones adoptadas durante la contratación tuvieron respaldo jurídico y administrativo.
La solicitud de frenar los pagos se plantea mientras avanzan esas verificaciones.
Los funcionarios requeridos deberán responder sobre los siete aspectos identificados y entregar la documentación que sustente las decisiones adoptadas.
Entre tanto, el organismo de control continuará revisando las condiciones en las que se adjudicó el contrato, los tiempos del proceso, los requisitos exigidos y la documentación correspondiente.
La Procuraduría deberá determinar si las observaciones detectadas pueden ser aclaradas con los soportes aportados o si existen elementos que justifiquen otras actuaciones.
Hasta ahora, la información suministrada no señala sanciones, investigaciones disciplinarias formales ni decisiones definitivas contra los funcionarios o la empresa involucrada.
La actuación se mantiene entonces en una fase preventiva, orientada a establecer si el proceso de contratación cumplió las reglas y condiciones aplicables antes de que continúen los desembolsos.
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