Presto, una de las cadenas de hamburguesas más reconocidas de Colombia, enfrenta un nuevo capítulo de su crisis financiera. Después de intentar reorganizar sus deudas y mantener la operación, la compañía entrará en un proceso de liquidación judicial tras incumplir los compromisos adquiridos con sus acreedores.
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La noticia fue conocida en primicia por Caracol Radio, que informó que la liquidadora designada por la Superintendencia de Sociedades, Mónica Macías, busca vender la empresa como una alternativa para evitar el cierre de sus establecimientos.
La situación no significa necesariamente que todos los restaurantes vayan a cerrar de inmediato. La posibilidad de encontrar un comprador abre una alternativa para preservar la operación, aunque el futuro de los puntos de venta dependerá del desarrollo del proceso y de que se concrete una negociación.
¿Por qué Presto entró en liquidación judicial?
La crisis de la compañía viene de años atrás. El 13 de julio de 2023, Franquicias y Concesiones S. A. S., sociedad que opera la marca Presto, fue admitida en un proceso de reorganización empresarial ante la Superintendencia de Sociedades.
Este mecanismo busca que las empresas con dificultades financieras puedan negociar sus obligaciones con los acreedores, establecer un calendario de pagos y mantener su actividad económica, en lugar de llegar directamente a la liquidación.
En abril de 2026, Presto parecía haber encontrado una salida. El 30 de ese mes, la Superintendencia de Sociedades confirmó el acuerdo de reorganización, que obtuvo el respaldo del 81,39 % de los acreedores calificados y graduados. Según la entidad, el acuerdo contemplaba atender un pasivo de $31.000 millones después de aprobarse reducciones de capital por $19.000 millones para acreedores de quinta clase y $211 millones para acreedores garantizados de segunda clase.
Sin embargo, la recuperación no se consolidó. De acuerdo con la información conocida por Caracol Radio, el 30 de septiembre de 2026 la apoderada de la empresa solicitó la liquidación judicial, después de un análisis sobre la capacidad de continuar como negocio en marcha.
Entre las razones expuestas estuvieron la disminución del flujo de caja y los retrasos en el pago de gastos de administración, además del incumplimiento de obligaciones posteriores a la aprobación del acuerdo.
La Superintendencia consideró que las dificultades financieras impedían mantener las condiciones necesarias para continuar bajo la hipótesis de negocio en marcha y avanzar con el acuerdo de reorganización.
¿Qué pasará con los restaurantes de Presto?
Uno de los principales interrogantes es qué ocurrirá con los establecimientos que continúan operando en el país.
La estrategia que busca impulsar Mónica Macías consiste en encontrar un comprador para la empresa. La intención es que un eventual inversionista pueda dar continuidad al negocio y evitar que la liquidación termine en el cierre de los restaurantes.
La venta, sin embargo, no está garantizada. Será necesario encontrar un interesado que presente una propuesta viable y que permita avanzar en el proceso bajo las condiciones legales correspondientes.
Por ahora, no hay información confirmada sobre un comprador, una oferta concreta o un calendario definitivo para el futuro de los puntos de venta. Tampoco se puede concluir, con los datos disponibles, que todos los establecimientos cerrarán.
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Una cadena que ya había intentado salvarse de la crisis
El proceso de reorganización de Presto comenzó en 2023, en medio de dificultades económicas que también afectaron a otras empresas del sector gastronómico.
En abril de 2026, cuando se confirmó el acuerdo con los acreedores, Caracol Radio reportó que la cadena contaba con 118 puntos de venta y una planta de 683 trabajadores. Esas cifras corresponden a la información publicada durante la etapa de reorganización y no necesariamente reflejan el tamaño actual de la operación.
El acuerdo buscaba distribuir el pago de las obligaciones a lo largo de varios años y darle a la empresa tiempo para recuperar estabilidad financiera. La posterior solicitud de liquidación muestra que ese plan no logró resolver las dificultades de caja y el cumplimiento de las obligaciones posteriores al acuerdo.
¿Qué significa la liquidación judicial para la empresa
La liquidación judicial es un procedimiento que busca administrar los bienes de una sociedad deudora y atender sus obligaciones con los acreedores conforme al orden establecido por la ley.
En este caso, la Superintendencia de Sociedades decretó el embargo y secuestro de los bienes, haberes y derechos de propiedad de la empresa que puedan ser objeto de estas medidas. Estas decisiones forman parte del procedimiento legal y buscan proteger los activos involucrados mientras avanza la liquidación.
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La apertura de este proceso no equivale por sí sola al cierre inmediato de cada restaurante. La posibilidad de vender la empresa plantea una alternativa para intentar preservar el negocio, aunque el resultado dependerá de las decisiones que se adopten durante el trámite.
Por ahora, el futuro de Presto está ligado a la búsqueda de un comprador y a la evolución del proceso judicial. La prioridad de la liquidadora será determinar si existe una salida que permita mantener viva la marca y su operación en Colombia.
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