La exministra del Deporte María Isabel Urrutia Ocoró fue acusada formalmente por la Fiscalía General de la Nación por su presunta responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. El proceso está relacionado con un convenio interadministrativo por más de 4.950 millones de pesos para desarrollar el sistema de validación de ingreso a los estadios de fútbol en Colombia.
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La acusación fue formulada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Según la investigación, cuando Urrutia estaba al frente de la cartera del Deporte, habría contratado directamente a la entidad Aldesarrollo, pese a que las disposiciones del Decreto 1622 de 2022 exigían garantizar la pluralidad de oferentes para seleccionar a un tercero encargado de desarrollar la herramienta tecnológica.
El sistema tenía como objetivo asociar el documento de identidad de los aficionados con sus boletas de ingreso a los escenarios deportivos y verificar sus antecedentes, para impedir el acceso de personas que tuvieran restricciones vigentes.
De acuerdo con la Fiscalía, la contratación habría estado condicionada a que Aldesarrollo subcontratara a una particular específica, con quien presuntamente se había acordado previamente la ejecución de la iniciativa. Además, durante la etapa precontractual no se habrían realizado estudios de mercado ni procedimientos adecuados para establecer el valor del convenio y los costos de las actividades previstas.
Otro de los señalamientos apunta a que Urrutia habría desatendido las advertencias de los equipos técnico y jurídico del Ministerio del Deporte, que alertaron sobre posibles irregularidades en los trámites previos a la contratación. Pese a esas observaciones, el convenio fue suscrito el 30 de diciembre de 2022.
La Fiscalía también señaló presuntas falsedades en documentos públicos. En los estudios previos y en el acto administrativo que justificó la contratación se habrían incluido hechos que no correspondían con la realidad.
El Decreto 1622 de 2022 establecía que la escogencia de un tercero para desarrollar, mantener, actualizar u operar el sistema debía realizarse mediante un proceso que garantizara la concurrencia, la libre competencia y la selección objetiva.
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La formulación de acusación representa un avance del proceso hacia la etapa de juicio, pero no significa que Urrutia haya sido declarada culpable. La exministra deberá responder ante la justicia por los cargos formulados en su contra.
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