Deicy Alejandra Jiménez se convirtió en una de las protagonistas de la controversia política y judicial que rodea al expresidente Gustavo Petro. Sus denuncias sobre un supuesto intercambio de contratos estatales por favores sexuales, la publicación de un video en el que aparece junto al exmandatario y su reciente encuentro con Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), han llevado el caso a nuevas instancias.
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La mujer asegura que conoció a Petro en 2019, cuando él todavía era senador, y que posteriormente habría sostenido una relación con él. Según su testimonio, durante varios años recibió contratos con entidades públicas a cambio de encuentros íntimos y otros favores personales.
Jiménez también ha señalado la existencia de una presunta red en la que participarían entre 30 y 40 mujeres. Estas afirmaciones, que involucran posibles irregularidades en la contratación estatal y abuso de poder, son materia de investigación y todavía no han sido demostradas judicialmente.
Pero ¿quién es Deicy Jiménez, qué pruebas ha presentado y por qué sus declaraciones representan un nuevo frente de controversia para Petro?
¿Quién es Deicy Jiménez?
Deicy Alejandra Jiménez es una mujer que tuvo vínculos contractuales con entidades públicas durante el Gobierno de Gustavo Petro. Su nombre comenzó a ocupar titulares después de que concediera una entrevista a la revista Semana, en la que aseguró que habría recibido contratos estatales a cambio de favores sexuales para el entonces presidente.
De acuerdo con la información contractual consultada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), Jiménez registra diez contratos con entidades estatales:
- Siete contratos con el Senado de la República, uno de ellos relacionado con el apoyo a la entonces primera vicepresidenta de esa corporación, María José Pizarro, entre 2023 y 2024.
- Dos contratos con la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior.
- Un contrato con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
La existencia de esos contratos es verificable en los registros públicos. Sin embargo, que haya tenido vinculaciones con entidades estatales no demuestra que fueran entregadas como contraprestación por favores sexuales. Ese es precisamente uno de los puntos que las autoridades deberán esclarecer.
¿Qué denunció contra Gustavo Petro?
En su entrevista, Jiménez aseguró que conoció a Petro en 2019 a través de una plataforma para adultos y que, desde entonces, habría sostenido encuentros íntimos con él.
Su señalamiento más grave es que supuestamente existía una estructura en la que varias mujeres recibían contratos de prestación de servicios en entidades públicas a cambio de mantener relaciones íntimas con el entonces mandatario o cumplir otras solicitudes personales.
Según su versión, la presunta red estaría integrada por entre 30 y 40 mujeres y habría operado durante distintos momentos de la trayectoria política de Petro, incluso antes de que llegara a la Presidencia.
Jiménez también habló de supuestas reuniones privadas y de otros comportamientos que, según su testimonio, estarían relacionados con el uso de recursos y posiciones de poder.
Estas afirmaciones han dado lugar a verificaciones sobre la contratación pública y las personas que habrían intervenido en las vinculaciones. Hasta ahora, no existe una decisión judicial que confirme la existencia de esa presunta red ni que establezca que Petro haya entregado contratos a cambio de relaciones sexuales.
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El video que publicó Deicy Jiménez y que volvió a encender la controversia
El 4 de noviembre, Jiménez publicó en su cuenta de Instagram un video de aproximadamente 54 segundos en el que aparece junto a Gustavo Petro durante un encuentro privado.
En la grabación se observa una interacción entre ambos que termina con un beso. La mujer acompañó la publicación con un mensaje en el que aseguró que difundía el material como prueba de que estaba diciendo la verdad.
“Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad. Los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro”, escribió.
La grabación representa un nuevo elemento en la controversia porque respalda la afirmación de Jiménez sobre la existencia de un encuentro personal con el expresidente. Sin embargo, no permite establecer por sí sola cuándo ocurrió, bajo qué circunstancias ni si existió algún intercambio relacionado con contratos públicos.
Petro respondió el 5 de noviembre y negó haber utilizado su posición para obtener beneficios personales.
“Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie. Las mujeres que trabajaron en mi gobierno llegaron por su capacidad y su esfuerzo, y no merecen que se manche su nombre para atacarme”, manifestó.
El expresidente también cuestionó el alcance probatorio del video y señaló que no había sido examinado por peritos ni valorado por un juez. Insistió en que la grabación no demuestra irregularidades en la contratación pública.
¿Qué tiene que ver Angie Rodríguez en el caso?
La controversia sumó otro capítulo el 4 de noviembre, cuando Deicy Jiménez se reunió con Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y antigua funcionaria del Gobierno Petro.
Rodríguez aseguró que encontró coincidencias entre los señalamientos que ella ha realizado sobre presuntas irregularidades durante la anterior administración y las denuncias de Jiménez.
“Son demasiadas coincidencias y un mismo patrón”, afirmó Rodríguez, según declaraciones recogidas por Infobae.
La exfuncionaria también manifestó que ambas decidieron unir esfuerzos para entregar información a las autoridades y contribuir al esclarecimiento de los hechos.
El encuentro resulta relevante porque conecta las denuncias de Jiménez con otros cuestionamientos sobre el funcionamiento de la Presidencia durante la administración anterior.
¿Qué han hecho la Fiscalía y la Corte Suprema frente a las denuncias?
Las declaraciones de Jiménez ya llegaron a diferentes instancias judiciales.
El 29 de octubre, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia escuchó a la denunciante durante una diligencia que se extendió por cerca de cuatro horas. En ese encuentro, Jiménez ratificó sus señalamientos y se comprometió a entregar su teléfono celular para una inspección de Policía Judicial.
Por su parte, la Fiscalía adelanta verificaciones sobre las denuncias y tenía prevista una diligencia con Jiménez para el 3 de noviembre. Sin embargo, esta fue aplazada después de que su entonces abogado, Andrés Felipe Caballero, renunciara a la representación por motivos de seguridad.
El abogado manifestó que había recibido amenazas y que su decisión buscaba proteger su integridad y evitar que la atención se desviara de la seguridad de la denunciante.
Posteriormente, Dina Luz Malo Andrade asumió la representación de Jiménez. La nueva abogada también denunció presuntos seguimientos y fotografías tomadas a su clienta por personas desconocidas, y solicitó garantías de protección ante las autoridades.
Además, anunció que el video publicado por Jiménez sería entregado a la justicia para que sea incorporado y evaluado dentro de la investigación.
La Procuraduría también abrió una indagación previa para establecer si existieron irregularidades en la contratación de entidades públicas relacionadas con los señalamientos.
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¿Por qué el caso tiene en jaque a Petro?
El impacto político de las denuncias está relacionado con tres elementos. El primero es que las acusaciones no se limitan a una supuesta relación personal, sino que apuntan a un posible uso de la contratación pública para obtener beneficios privados.
El segundo es la existencia de registros contractuales de Jiménez con entidades estatales, que permiten a las autoridades revisar fechas, objetos, valores, supervisores y procesos de selección. Esos documentos no prueban el intercambio denunciado, pero ofrecen una base verificable para contrastar su testimonio.
El tercero es que el caso ha comenzado a involucrar a otras figuras que estuvieron cerca del Gobierno anterior, como Angie Rodríguez, y ya llegó a organismos como la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema.
Para Petro, la controversia representa un nuevo cuestionamiento sobre su administración y sobre la transparencia de las contrataciones públicas. Sin embargo, el expresidente ha rechazado categóricamente haber entregado contratos a cambio de favores sexuales y sostiene que las acusaciones no han sido demostradas.
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