Las grietas del sistema penitenciario colombiano han vuelto a quedar expuestas. Este miércoles, varios ministros y altos funcionarios del Gobierno de Abelardo de la Espriella asistieron a una audiencia pública convocada por la Corte Constitucional para hacerle seguimiento a la crisis carcelaria que vive el país. Pese a que durante la sesión se abordó la complejidad del problema —con un hacinamiento del 94%, mala alimentación de los presos y pocos programas de resocialización—, el discurso del ministro de Justicia, Iván Cancino, se centró en la construcción de cárceles, en línea con la promesa de campaña de De la Espriella, quien propuso una política centrada en la seguridad y en la mano dura. Sin embargo, la realidad presupuestal de la Nación es otra. El nuevo presidente prometió la construcción de diez megacárceles y encarcelamientos masivos, pero en la sesión quedó en evidencia que ni siquiera está garantizado el presupuesto para mantener en condiciones dignas a las más de 116.000 personas que hoy están presas, cada una de las cuales representa una inversión anual de cerca de 41 millones de pesos (unos 12.600 dólares).
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