Estados Unidos retiró la visa de Euclides Torres y de miembros de su familia, una decisión que podría afectar negocios del contratista vinculados con centros de exámenes para licencias de conducción, concesiones de fotomultas y contratos vigentes con entidades públicas colombianas.
La medida abrió una revisión sobre las adjudicaciones otorgadas a empresas relacionadas con su clan familiar y empresarial durante el gobierno de Gustavo Petro, según reveló la periodista D´arcy Quinn en La FM.
Uno de los contratos de mayor valor fue una adjudicación por $95 mil millones para instalar paneles solares en siete departamentos de la región Caribe mediante Colombia Solar, un programa del Gobierno, según una investigación de El Tiempo.
El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de Energía, Fenoge, entregó el contrato en mayo de 2024 a la Unión Temporal Energiza.
La unión temporal estaba integrada en un 90% por Iluminación Moderna de Colombia S.A.S., empresa ligada al clan Torres, junto con las firmas antioqueñas Enetel S.A.S. y Enecon S.A.S. La adjudicación fue suspendida meses después de denuncias sobre posibles irregularidades en su entrega.
Los contratos digitales aún vinculados al clan Torres
La empresa Gestión de Seguridad Electrónica S.A.S. figura con 26 adjudicaciones vigentes que suman $3.667 millones, de acuerdo con el listado consultado por El Tiempo. Una acta fechada el 7 de septiembre registra como accionistas a I Business Master S.A.S.; Javier Alexánder Rosales de León; Ingrid Vanessa Torres Monsalvo y Katty Torres Monsalvo, hijas de Euclides Torres; y al español Álvaro De Borja Carreras, yerno del contratista.
La Jurisdicción Especial para la Paz tiene con esa firma un contrato por $1.377 millones para certificados digitales de estampa cronológica, firma digital y correo electrónico certificado. El acuerdo fue firmado en diciembre de 2022 y su ejecución está prevista hasta el 31 de octubre de 2026.
La Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional de Colombia contrató por $1.997 millones una solución tecnológica para la gestión de identidades y el control de accesos de la institución. El plazo de ejecución llega hasta el 30 de noviembre.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, suscribió el 24 de marzo un contrato por $36 millones para adquirir certificados digitales. La Agencia Logística de las Fuerzas Militares tiene otro acuerdo por $14 millones destinado a firmas digitales para personas naturales mediante token, un dispositivo de autenticación, y certificados digitales de personas jurídicas para facturación electrónica.
La Superintendencia Financiera de Colombia contrató servicios de confianza digital para generar firmas electrónicas mediante una interfaz de programación de aplicaciones, conocida como API, por $66 millones. El listado también incluye contratos con la Unidad Nacional de Protección, el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, la Agencia Nacional de Tierras, Colombia Compra Eficiente y varias alcaldías y gobernaciones.
Empresas vinculadas con Torres tuvieron además un contrato ya finalizado con la Registraduría para proveer certificados digitales por $32 millones. El clan también participa en concesiones de alumbrado público en Santander, algunas con vigencia hasta 2042.
La eventual reforma sobre licencias y fotomultas
Los negocios relacionados con los trámites de conducción y las fotomultas podrían enfrentar cambios por una reforma al Código de Transporte. D´arcy Quinn señaló que la ministra de Transporte anunciaría una iniciativa para eliminar varios de esos procedimientos, con posibles efectos sobre las concesiones asociadas con los centros de exámenes y la renovación de licencias.
Torres prepara su defensa con un equipo de abogados ante las decisiones que puedan adoptarse sobre sus actividades empresariales. La confrontación entre el Gobierno y el contratista entraría así en una nueva etapa, luego de la revocación de la visa estadounidense.
También circula la versión de una eventual inclusión de Torres en la lista Ofac, aunque no existe una decisión confirmada en ese sentido y esa determinación corresponde exclusivamente a las autoridades de Estados Unidos. Fuentes consultadas por El Tiempo indicaron que tampoco se descarta que el caso escale hacia una inclusión en la denominada lista Clinton.
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