En 1928, la Corte Suprema de Justicia examinó la constitucionalidad del llamado “Decreto de Alta Policía”, expedido durante el Gobierno de Miguel Abadía Méndez, que restringía las manifestaciones públicas y confería amplios poderes a la Policía. En un fallo controvertido, la Corte avaló la mayoría de sus disposiciones apoyándose, entre otros argumentos, en la “doctrina de las facultades implícitas”, según la cual la responsabilidad constitucional del presidente de preservar el orden público le confería facultades para adoptar medidas dirigidas a ese fin, aun sin una habilitación legal expresa.
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