Entre el 1 de enero de 2024 y el 1 de octubre de 2026, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional contabilizaron 442 ataques perpetrados con aeronaves no tripuladas cargadas con explosivos, de acuerdo con un informe de inteligencia militar divulgado por Caracol Radio y elaborado a partir de datos del Sistema de Información Gerencial de Operaciones e Inteligencia del Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia (Bisigoi).
Los datos confirman un aumento progresivo de esta modalidad en el país, pasando de 108 casos en 2024 a 158 en 2025 y alcanzando 176 acciones en lo corrido de 2026.
El empleo de estos dispositivos por parte de las organizaciones al margen de la ley dejó consecuencias directas sobre la fuerza pública y la población civil, al acumular un saldo de 25 personas muertas, 356 heridos y 25 afectaciones a tropas en distintas regiones.
Distribución territorial de las agresiones y la alerta de inteligencia
La información recopilada por los organismos de inteligencia señala que el departamento del Cauca encabeza la lista de regiones más afectadas, con 244 ataques registrados. Le siguen Norte de Santander con 64 casos; Valle del Cauca con 36; Chocó con 30; Guaviare con 13; Nariño con 12; Bolívar con 10; y Arauca con 9 hechos; distribuyéndose el resto entre Antioquia, Caquetá, Meta, Putumayo, Risaralda y Tolima.
El análisis estratégico conocido por el medio radial advierte que los grupos al margen de la ley no están adquiriendo aviación militar convencional, sino una capacidad flexible y de bajo costo para operar a baja altura. Esta modalidad les permite vigilar movimientos de tropas, monitorear corredores estratégicos, amedrentar a las comunidades y ejecutar bombardeos sin arriesgar directamente a los operadores.
“Colombia se ha convertido en el principal escenario latinoamericano de proliferación, adaptación y empleo de drones comerciales por parte de grupos armados no estatales”, sostiene el documento de inteligencia citado en el reporte periodístico.
Las investigaciones destacan que la amenaza radica en la facilidad para modificar dispositivos de uso civil. Las estructuras criminales adquieren motores, baterías, cámaras, controles y accesorios que se venden libremente en el mercado legal para ensamblarlos o adaptarlos a tareas de ataque.
La procedencia de los componentes y la propuesta de cooperación internacional
Frente al origen de la tecnología, los informes de inteligencia detallan que China concentra más del 90% del mercado mundial de drones de consumo y cerca del 70% del sector comercial y civil. Por esa razón, las autoridades concluyen con un nivel de confianza medio-alto que una porción importante de las plataformas utilizadas en Colombia proviene de dicho ecosistema industrial.
Sin embargo, los organismos de seguridad aclararon que esta evaluación no implica una responsabilidad política o directa del Gobierno asiático ni de sus empresas en las acciones de los grupos armados colombianos.
“China no debe ser presentada como responsable política del fenómeno. Esta evaluación no identifica evidencia pública de que China o sus empresas promuevan deliberadamente ese uso”, precisa el informe oficial, citado por el medio en mención.
El rastreo técnico indica que los componentes son de doble uso, diseñados para labores legítimas como agricultura, cartografía, cinematografía o atención de emergencias. El desvío hacia fines criminales ocurre a través de cadenas de distribución internacionales, intermediarios, compradores fachada, comerciantes informales y redes de contrabando que ingresan las piezas al país por diferentes vías.
Para frenar esta dinámica, los analistas de seguridad señalaron que la principal falencia actual es la falta de un mecanismo de cooperación directa entre las dos naciones para rastrear los seriales de los aparatos incautados en las zonas de conflicto.
“La brecha más importante es la inexistencia pública de un mecanismo bilateral especializado que permita vincular la información obtenida por Colombia con los antecedentes industriales y comerciales disponibles en China”, concluye el documento.
Por esta razón, la inteligencia colombiana sugirió la creación formal de un Mecanismo China-Colombia para la Prevención del Uso Criminal de Drones Comerciales y Tecnologías Asociadas, con el propósito de compartir información forense, vigilar el comercio de componentes y bloquear las rutas de abastecimiento que alimentan el conflicto armado en el territorio nacional.
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