Paraguay atraviesa una de sus mayores crisis políticas de los últimos años. Santiago Peña presentó su renuncia a la Presidencia en medio de los cuestionamientos derivados del colapso de Ueno Bank, una entidad financiera con la que había tenido vínculos empresariales antes de llegar al poder. Sin embargo, dejar el cargo no fue suficiente para detener el proceso político que ya avanzaba en el Congreso.
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De acuerdo con Associated Press, la Cámara de Diputados decidió continuar con el juicio político contra Peña y aprobó por unanimidad la acusación en su contra, después de que el mandatario anunciara su dimisión. El caso deberá continuar su trámite en el Senado.
Pero la pregunta que surge es inevitable: ¿cómo puede enfrentar un juicio político si ya renunció a la Presidencia
¿La renuncia de Santiago Peña significa que dejó inmediatamente de ser presidente?
No necesariamente. La Constitución paraguaya establece que corresponde al Congreso aceptar o rechazar la renuncia del presidente y del vicepresidente de la República.
Así aparece expresamente en el artículo 202, numeral 16, de la Constitución de Paraguay. Es decir, la decisión de Peña de dejar la Presidencia necesita pasar por el Congreso y no produce por sí sola todos sus efectos institucionales.
En este caso, el Congreso decidió mantener vivo el procedimiento de juicio político, mientras la situación jurídica y política de la renuncia continúa siendo tratada por el Legislativo.
¿Por qué el Congreso quiere continuar con el juicio político?
El punto central está en las consecuencias que puede tener cada camino.
Según el artículo 225 de la Constitución paraguaya, un presidente puede ser sometido a juicio político por mal desempeño de sus funciones, delitos cometidos durante el ejercicio del cargo o delitos comunes.
La Cámara de Diputados es la encargada de formular la acusación con una mayoría de dos tercios, mientras que corresponde al Senado realizar el juicio público y decidir, también con la mayoría requerida constitucionalmente, si el funcionario debe ser declarado culpable y separado del cargo. Si existen indicios de posibles delitos, los antecedentes pueden pasar posteriormente a la justicia ordinaria.
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Por esta razón, para los sectores que impulsaron el proceso, la renuncia no sustituye necesariamente el juicio político ni resuelve los cuestionamientos que se venían haciendo sobre su gestión.
El estatus de expresidente también está en el centro de la discusión
Hay otro elemento que ayuda a entender por qué el Congreso decidió continuar.
La Constitución de Paraguay señala que los expresidentes elegidos democráticamente pasan a ser senadores vitalicios, con voz pero sin voto. Sin embargo, establece una excepción: ese beneficio no aplica a quienes hayan sido sometidos a juicio político y declarados culpables.
Por eso, algunos legisladores paraguayos han defendido públicamente la continuación del proceso incluso después de la renuncia, argumentando que aceptar primero la dimisión podría modificar el estatus constitucional de Peña.
No obstante, esto no significa que Santiago Peña haya sido declarado culpable. El juicio político es un procedimiento constitucional y político diferente de un proceso penal, y el expresidente tiene derecho a presentar su defensa.
¿Qué tiene que ver Ueno Bank con Santiago Peña
La tormenta política se intensificó después de la crisis de Ueno Bank.
Según Associated Press, las autoridades paraguayas abrieron investigaciones relacionadas con la supervisión de la entidad, su colapso y el manejo de depósitos públicos. Las pesquisas también buscan establecer si existieron responsabilidades de funcionarios del Estado, incluido el propio Peña.
El mandatario ha manifestado que colaborará con las instituciones encargadas de esclarecer lo sucedido y ha rechazado haber actuado deliberadamente contra los intereses públicos.
Por ahora, por lo tanto, las investigaciones no equivalen a una condena y las responsabilidades individuales tendrán que ser determinadas por las autoridades competentes.
¿Qué puede pasar ahora con Santiago Peña
El siguiente escenario se traslada principalmente al Senado paraguayo.
La Constitución establece que la Cámara Alta es la encargada de juzgar a las personas acusadas por Diputados dentro de un juicio político. En caso de una declaración de culpabilidad, el efecto constitucional directo es la separación del cargo; cuando existen posibles delitos, los antecedentes pueden ser trasladados a la justicia ordinaria.
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La particularidad del caso Peña es que el mandatario presentó su renuncia mientras este procedimiento ya estaba avanzando, creando una situación en la que dos mecanismos constitucionales —la dimisión presidencial y el juicio político— quedaron desarrollándose prácticamente al mismo tiempo.
Así, aunque Peña buscó cerrar anticipadamente su etapa al frente del Ejecutivo, su salida de la Presidencia no terminó con las preguntas alrededor de Ueno Bank ni con el proceso que ahora deberá definir el Congreso paraguayo.
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