
Cuando una familia se vincula a un programa para reemplazar cultivos de uso ilícito (como la coca) por productos legales, el Estado le pide que renuncie a su fuente principal de ingresos, que confíe en una promesa institucional y que apueste por una actividad económica cuyo éxito depende de condiciones que no controla. Que esa apuesta funcione no depende solo del esfuerzo de la familia ni de la entidad encargada de la sustitución: requiere infraestructura, acceso a mercados, asistencia técnica, bienes públicos, involucramiento del sector privado y condiciones de seguridad reales que permitan sostener las actividades lícitas.
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