Gustavo Petro respondió a los señalamientos de la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, y del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, relacionados con una presunta solicitud para que antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) hicieran declaraciones contra dirigentes políticos.

“No voy a aceptar que se me atribuyan hechos tan graves sin que exista una sola prueba que demuestre que di una orden para presionar a alguien a declarar contra Álvaro Uribe o contra cualquier otro dirigente político”, afirmó el expresidente.

La controversia se originó en las declaraciones de Rodríguez, quien aseguró que durante el Gobierno anterior recibió instrucciones para coordinar un encuentro en Valledupar con antiguos jefes paramilitares, con el propósito de que hablaran contra Uribe, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras.

Mancuso respaldó parte de esa versión y aseguró que delegados del Gobierno les solicitaron hablar públicamente contra esos tres dirigentes. Sin embargo, precisó que Petro nunca le hizo directamente esa petición y sostuvo que los excomandantes se negaron a participar.

Petro pide publicar las pruebas

En su pronunciamiento, Petro defendió la legalidad de la mesa de diálogo con los antiguos comandantes de las AUC y recordó que su funcionamiento se estableció mediante la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025.

El expresidente preguntó si la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo fueron convocadas y si sus representantes estuvieron presentes en las reuniones.

“Que se conozca todo. Que aparezcan las actas, las comunicaciones, las grabaciones y los nombres de quienes participaron”, exigió.

También sostuvo que, si alguien utilizó un espacio de paz para presionar testimonios o fabricar acusaciones, debe responder ante la justicia. A su vez, advirtió que quienes le atribuyan una orden que niega haber impartido tendrán que responder por sus afirmaciones.

“Si alguien utilizó un espacio de paz para presionar testimonios o fabricar acusaciones, que responda ante la justicia. Pero si alguien pretende atribuirme una orden que no he dado, también tendrá que responder por sus afirmaciones. No se puede condenar a una persona porque un tercero diga que actuaba en su nombre. Las responsabilidades se demuestran con pruebas, no con rumores”, detalló.

La existencia de la mesa está documentada en la Resolución 327 de 2025, que reactivó los acercamientos con 16 antiguos comandantes paramilitares para avanzar en el cierre del proceso de desmovilización de las AUC.

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