La salida de los abogados Santiago Trespalacios y Astrid Carvajal deja a Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, a la espera de una decisión que puede modificar su medida de aseguramiento: un juez penal del circuito de Medellín deberá establecer si continúa en detención domiciliaria o si pasa a un centro carcelario por el caso de contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
La investigación examina seis contratos celebrados con los Bomberos Voluntarios de Itagüí, en su mayoría para adquirir kits de bioseguridad durante la pandemia. El valor conjunto se acerca a 17.656 millones de pesos, y la Fiscalía General de la Nación calcula que las presuntas comisiones irregulares Miguel Quintero sumaron cerca de 2.481 millones de pesos.
A través de su cuenta oficial de X, Trespalacios informó que la separación fue consensuada con el procesado y que el vínculo contractual finalizó bajo los mejores términos.
“Tras dialogar con Miguel Quintero, decidimos de mutuo acuerdo que tanto Astrid Carvajal como yo no continuaremos participando en su defensa”, escribió. También agradeció a Quintero y a su familia por la confianza, y les deseó éxito en la defensa de su inocencia.
Quintero Calle fue imputado por interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. No ha aceptado los cargos y sostiene que el proceso responde a una persecución política.
Fiscalía y víctimas piden que Quintero vaya a prisión
Un juez de control de garantías ordenó el 2 de octubre que Quintero permaneciera en su residencia. La decisión se basó en una “inferencia razonable” de su posible participación en los hechos investigados; no equivale a una condena.
La Fiscalía, la Procuraduría y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, reconocida como víctima, recurrieron la medida. Las tres partes solicitan una detención intramural.
En la sustentación de la apelación, el 5 de octubre, el ente acusador señaló que el arresto en casa restringe los traslados del imputado, aunque no sus comunicaciones. Según su planteamiento, esos contactos habrían sido esenciales en las conductas investigadas. Añadió que el Código de Procedimiento Penal excluye la detención domiciliaria en casos de peculado por apropiación cuya cuantía exceda 50 salarios mínimos.
La Fiscalía atribuye a Quintero un presunto papel de determinador en el direccionamiento contractual, es decir, de quien habría inducido a otros a ejecutar los hechos. Su hipótesis indica que la comisión pactada bajó del 20% al 15% de cada contrato.
De los recursos que, según la investigación, se habrían obtenido por ese mecanismo, unos 1.653 millones de pesos habrían sido destinados a Quintero. La Fiscalía calcula además 693 millones de pesos para el exsubdirector administrativo y financiero Álvaro Villada y 133 millones para Sebastián Ortega Urán, señalado como enlace entre los bomberos, funcionarios y el imputado.
La segunda instancia también revisará la situación de Sebastián Ortega
Ortega quedó en libertad tras la audiencia inicial, pues el juez concluyó que no estaban demostrados los riesgos de fuga u obstrucción de la justicia necesarios para imponerle una medida intramural. El Área Metropolitana apeló igualmente esa determinación y afirmó que habría ejercido presiones sobre testigos.
El juzgado penal del circuito dispone, en principio, de diez días hábiles para decidir los recursos, aunque los plazos pueden prolongarse. Según información conocida por la revista Semana, la segunda instancia debe resolver el 23 de octubre si Quintero y Ortega ingresan a prisión, como lo piden la Fiscalía, la Procuraduría y las víctimas.
Chats y testimonios integran las pruebas que evalúa la Fiscalía
La formulación de imputación contra Quintero fue avalada el 15 de septiembre de 2026. Dentro del expediente, Misael Cadavid, exjefe de los Bomberos Voluntarios de Itagüí, figura como principal testigo de la Fiscalía. Juan Alberto Cardona, extesorero de esa institución, fue condenado después de suscribir un preacuerdo con la justicia.
Un informe de policía judicial incorporó conversaciones de grupos de WhatsApp en las que, de acuerdo con los investigadores, Quintero era mencionado como “Mr. M” o “nuestro jefe”. En esos chats aparecían Villada y Laura María Mejía, funcionaria del Área Metropolitana que recibió un principio de oportunidad a cambio de colaborar como testigo.
De acuerdo con El Tiempo, mensajes atribuidos a Mejía aluden a una excontratista que habría sugerido modificar información para que las cuentas parecieran correctas. La Fiscalía ha advertido que los elementos reunidos hacen parte de una acusación que todavía se construye y deberán probarse en juicio.
Alejandro De Bedout, presidente del Concejo de Medellín, cuestionó en X la defensa de Quintero. “¡SE QUEDÓ SOLO EL RATÓN MIGUELITO!”, publicó, y añadió que los abogados no habrían compartido su versión de ser víctima de una persecución política.
El expediente forma parte de las investigaciones por presunta corrupción en entidades de Medellín y su área metropolitana durante la administración anterior. Los datos conocidos dan cuenta de más de 55 personas procesadas.
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