Ruanda ha acaparado titulares en la última semana debido a su acuerdo con cinco Estados de la Unión Europea para recibir a personas con una orden de expulsión del territorio comunitario, un pacto que plantea dudas por las garantías que ofrece a los deportados y por la elección de este país africano como destino. La respuesta al primer interrogante solo se conocerá con la posible puesta en marcha del plan, pero la segunda sí puede explicarse, y parte de entender cómo Ruanda ha construido una relación muy particular con los sistemas judiciales europeos en su afán de perseguir internacionalmente a los responsables del genocidio hace más de tres décadas costó la vida a al menos 800.000 ruandeses tutsis y hutus moderados.
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