El senador y aspirante presidencial Iván Cepeda Castro informó que el Consejo de Estado rechazó una nueva demanda de nulidad electoral contra su curul y la de la representante Aida Quilcué Vivas. Según el comunicado difundido por el legislador, el alto tribunal acumula ocho inadmisiones o rechazos de acciones basadas en la tesis del llamado “voto fusil”.
La decisión más reciente se conoció el lunes 10 de noviembre. El tribunal rechazó la segunda demanda promovida por Sergio Álzate González y el concejal del Centro Democrático, Andrés Felipe Rodríguez Puerta, conocido como “Gury”, quienes solicitaban anular ambos escaños.
Las curules fueron asignadas bajo el Estatuto de la Oposición, que reserva puestos en el Congreso para los candidatos presidenciales derrotados con mayor votación. En este caso, corresponden a las fórmulas que representaron al Pacto Histórico y a la Alianza por la Vida en la segunda vuelta del 21 de junio de 2026.
El tribunal cuestionó la falta de precisión en las demandas
Las acciones alegaban una presunta presión de grupos armados ilegales sobre los votantes. De acuerdo con Cepeda, el Consejo de Estado concluyó que los demandantes no identificaron de manera concreta los hechos de violencia, los municipios, los puestos o mesas de votación afectados, ni las etapas electorales involucradas.
“Ninguna de las demandas acredita un solo acto de violencia, presión, y menos aún que la voluntad de los electores se haya alterado”, afirmó el senador.
Cepeda atribuyó las acciones judiciales a una estrategia política de sectores de la extrema derecha. También sostuvo que buscan desacreditar el resultado electoral del 21 de junio de 2026, cuando, según indicó, su sector obtuvo más de 12,7 millones de votos.
Dos misiones electorales descartaron incidencias sobre los resultados
El comunicado citó pronunciamientos de la Misión de Observación Electoral (MOE) y de la misión de la Unión Europea. La MOE señaló que no encontró una correlación estadísticamente relevante entre la injerencia o control territorial de grupos armados ilegales y los resultados de la segunda vuelta presidencial.
Por su parte, el vicepresidente del Parlamento Europeo, Esteban González Pons, afirmó al presentar el informe final de la misión europea que no detectaron una injerencia de grupos armados que hubiera afectado el resultado de las elecciones.
Cepeda también rechazó versiones sobre una supuesta utilización de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) para alterar los resultados. “Esa nueva mentira también fracasará. Nuestra campaña fue transparente y honesta”, sostuvo.
Que significa el “voto fusil”
El término “voto fusil” se usa en Colombia para describir una supuesta o comprobada presión de grupos armados ilegales sobre los votantes. Puede incluir amenazas, órdenes de votar por un candidato, restricciones a la campaña de rivales, castigos a quienes no obedecen o exigencias como mostrar el certificado electoral.
No es una figura jurídica autónoma. En el plano legal, esos hechos pueden encuadrarse en delitos electorales como el constreñimiento al sufragante, además de otras conductas vinculadas con amenazas o desplazamiento forzado.
El debate reciente en Colombia
La expresión ganó presencia durante las elecciones presidenciales colombianas de 2026. Sectores políticos sostuvieron que las votaciones altas de Iván Cepeda en algunos territorios se explicaban por la presión de grupos ilegales.
Una verificación de Colombiacheck concluyó que esa tesis no se sostiene únicamente con mapas de presencia armada, alertas de riesgo o resultados electorales. El análisis citó datos según los cuales, entre municipios con presencia de grupos armados, tanto Cepeda como Abelardo de la Espriella obtuvieron triunfos en un número parecido de localidades. También señaló que los aumentos de participación y votos no se concentraron solo en un candidato.
En síntesis: el “voto fusil” puede referirse a un delito real de presión armada sobre el electorado, pero no debe usarse como una explicación general para invalidar los votos de una región sin pruebas específicas
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