La captura de un sospechoso suele ser el momento en el que una familia siente que la justicia comienza finalmente a cerrar el cerco. Sin embargo, en el caso de Yulixa Toloza, ocurrió algo mucho más complejo: tres de las personas señaladas dentro de la investigación fueron detenidas en Venezuela, pero conseguir que regresen a Colombia para responder ante los jueces está lejos de ser un trámite automático, según un informe especial del programa Séptimo Día.
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El caso volvió a poner sobre la mesa un problema jurídico que también ha aparecido en otros crímenes investigados en Colombia: Venezuela prohíbe constitucionalmente extraditar a sus propios ciudadanos.
Ese obstáculo podría obligar a que algunos de los principales investigados por la muerte de Yulixa Consuelo Toloza Rivas sean procesados en territorio venezolano, con información y pruebas enviadas desde Colombia.
De acuerdo con Noticias Caracol, tres ciudadanos venezolanos relacionados con el caso —María Fernanda Delgado Hernández, Edison José Torres y Eduardo David Ramos— fueron capturados en territorio venezolano después de salir de Colombia.
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La pregunta que permanece abierta es contundente: ¿podrán responder ante un juez colombiano por lo ocurrido con Yulixa
El procedimiento estético que terminó en una investigación por homicidio
Yulixa Toloza acudió el 13 de mayo de 2026 al establecimiento Beauty Láser, ubicado en el sur de Bogotá, para someterse a una lipólisis láser.
Después del procedimiento comenzó a presentar complicaciones.
Una trabajadora del establecimiento declaró posteriormente que la mujer se encontraba muy somnolienta y que fueron llamados varios de los responsables del procedimiento al observar el deterioro de su estado de salud.
Horas después, cámaras de seguridad registraron la salida de Yulixa del establecimiento. Según la investigación, fue introducida en un vehículo Chevrolet Sonic gris.
Durante seis días no se conoció su paradero.
El 19 de mayo, su cuerpo fue encontrado en una vía de Apulo, Cundinamarca, y Medicina Legal confirmó posteriormente su identidad.
La necropsia cambió el curso del expediente.
El Instituto Nacional de Medicina Legal determinó que la muerte estaba relacionada con un procedimiento de succión de grasa que derivó en un embolismo graso pulmonar, insuficiencia respiratoria aguda y anemia aguda. El dictamen clasificó la manera de muerte como violenta-homicidio.
El informe también registró fracturas costales y heridas producidas por elementos cortopunzantes. Sin embargo, fuentes de Medicina Legal aclararon posteriormente a El Tiempo que estas últimas correspondían a puntos utilizados durante la succión de grasa, mientras que las fracturas se relacionaban con maniobras de reanimación.
La huida hacia Venezuela
La investigación reconstruyó posteriormente el recorrido del vehículo utilizado tras la desaparición.
Según la Fiscalía, después de abandonar el cuerpo en Cundinamarca, el automóvil regresó hacia Bogotá y posteriormente fue movilizado hasta Norte de Santander, donde habría sido ocultado antes de intentar sacarlo definitivamente de circulación.
En Colombia fueron capturados Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequera Delgado, quienes, según la Fiscalía, habrían recibido instrucciones para recoger, limpiar u ocultar el vehículo.
Los dos hombres no aceptaron los cargos y posteriormente fueron llamados a juicio por delitos relacionados con favorecimiento agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio.
Mientras tanto, las autoridades localizaron en Venezuela a Delgado Hernández, Edison Torres y Eduardo David Ramos.
Ahí apareció el principal problema jurídico.
¿Por qué Venezuela podría no extraditarlos?
El artículo 69 de la Constitución venezolana prohíbe la extradición de ciudadanos venezolanos.
En términos sencillos, esto significa que una persona venezolana acusada de cometer un delito en otro país puede ser detenida al regresar a Venezuela, pero su nacionalidad puede impedir que sea entregada a la justicia extranjera que la reclama.
En esos casos aparece otra alternativa: juzgar a la persona en Venezuela por hechos cometidos en el extranjero, utilizando pruebas y cooperación judicial suministradas por el país donde ocurrió el delito.
Noticias Caracol informó que este es precisamente uno de los escenarios analizados en el expediente de Yulixa Toloza.
El abogado de la familia, Diego Gutiérrez, explicó anteriormente que estaban siendo evaluadas varias rutas: extradición, comparecencia virtual ante jueces colombianos o, si ninguna resultaba posible, una judicialización directamente en Venezuela.
El problema no termina ahí.
Los delitos tampoco coinciden completamente
Colombia ha relacionado a los sospechosos con conductas como desaparición forzada, secuestro simple, omisión de socorro y encubrimiento de pruebas.
Sin embargo, según la información conocida por Noticias Caracol y El Heraldo, no todos esos tipos penales tienen una equivalencia directa bajo las mismas condiciones en la legislación venezolana.
Ese detalle puede complicar la llamada doble incriminación, un principio utilizado en cooperación judicial internacional según el cual el comportamiento por el que una persona es requerida debe constituir delito en ambos países.
De acuerdo con esos reportes, las diferencias estarían especialmente relacionadas con algunas figuras como la desaparición forzada cuando los hechos ocurrieron fuera del territorio venezolano.
Por eso, aunque los señalados estén detenidos, todavía existe una distancia considerable entre la captura y una eventual condena por los hechos ocurridos en Colombia.
Mientras tanto, el proceso en Colombia también enfrenta retrasos
La otra parte del expediente tampoco ha avanzado sin dificultades.
El 14 de agosto de 2026, por tercera ocasión, no pudo formalizarse la acusación contra Kelvis Daniel Sequera y Jesús Alberto Hernández.
La defensa sostuvo que el proceso debía trasladarse a Norte de Santander, pues allí se habría producido la presunta manipulación del vehículo utilizado como evidencia.
La Fiscalía, la Procuraduría y el representante de la familia se opusieron y argumentaron que los hechos abarcaron varias jurisdicciones.
Finalmente, el juez decidió remitir la controversia a la Corte Suprema de Justicia, que deberá definir qué despacho tiene competencia para continuar el proceso.
El juez explicó durante la diligencia que el conflicto involucraba “dos distritos judiciales diferentes, como son Bogotá y Norte de Santander”.
Por su parte, el abogado de las víctimas expresó preocupación por nuevos retrasos y sostuvo ante el despacho que consideraba que “se está cometiendo un error de procedimiento”.
Hasta que el alto tribunal tome una decisión, la acusación no puede continuar.
Un caso que ahora depende de dos sistemas judiciales
El expediente de Yulixa Toloza tiene así dos frentes.
En Colombia, la Fiscalía intenta avanzar contra quienes habrían participado en el ocultamiento de evidencias y determinar las responsabilidades penales por la muerte de la mujer.
En Venezuela permanece bajo custodia un grupo de los principales señalados, cuya eventual entrega está condicionada por la prohibición constitucional de extraditar nacionales.
Además, cualquier proceso que eventualmente se adelante en Venezuela necesitaría cooperación entre fiscales, jueces y autoridades de ambos países para trasladar pruebas, testimonios, documentos forenses y otros elementos materiales.
La captura, por sí sola, no resuelve el caso.
Por ahora, María Fernanda Delgado, Edison Torres y Eduardo David Ramos continúan vinculados a la investigación y bajo custodia en Venezuela, mientras Colombia busca definir qué mecanismo jurídico permitirá que respondan por los hechos investigados.
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Y mientras la Corte Suprema debe resolver otro obstáculo dentro del proceso que continúa en territorio colombiano, el caso deja una pregunta que todavía no tiene respuesta definitiva: si los principales señalados no pueden ser extraditados, ¿dónde y bajo qué delitos serán finalmente juzgados por la muerte de Yulixa Toloza
El dramático caso de Yulixa Toloza y el crimen de Diana Carolina Rodríguez revelan un grave vacío legal: presuntos agresores capturados en Venezuela no pueden ser extraditados a Colombia. No se pierda este informe especial mañana en Séptimo Día. 📺🇨🇴 pic.twitter.com/QOq2hG06qm
— Séptimo Día (@SeptimoDiaTV) November 7, 2026
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