Como es habitual en Colombia, los congresistas deben divulgar cada año su declaración de bienes y rentas y los posibles conflictos de interés vinculados con sus actividades económicas o familiares. La obligación está contemplada en la Ley 2013 de 2019 para los servidores públicos elegidos por voto popular.
De los 182 integrantes de la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030, 96 habían completado el trámite en el portal de Función Pública; 68 mantenían una declaración anterior y solo 15 no habían presentado el documento, de acuerdo con un análisis publicado por Cambio, tomando la declaración más reciente disponible para cada representante.
El contraste de esos formularios con las declaraciones de renta plantea dudas sobre la consistencia de la información pública. De los 148 representantes con ambos registros disponibles, apenas 23 informaron valores que coinciden. La diferencia mediana entre los patrimonios consignados en ambos documentos fue de $181 millones.
Así mismo, las declaraciones patrimoniales de la Cámara de Representantes revelan que los mayores capitales de varios congresistas proceden de negocios y propiedades previos a su llegada al Capitolio, de acuerdo con el informe periodístico. El análisis de los documentos disponibles también muestra diferencias entre los datos publicados, patrimonios reducidos y obligaciones financieras que superan los $ 1.000 millones.
La revisión también incluyó inmuebles, sociedades, inversiones, propiedades rurales y fuentes de ingreso de los congresistas. Los patrimonios más altos se concentran, en buena medida, en dirigentes con actividades empresariales y estructuras políticas regionales antes de obtener una curul.
Los más ricos y los más endeudados
Según el informe publicado por el medio citado, quien posee el mayor patrimonio entre los parlamentarios es James Hermenegildo Mosquera Torres, representante de las curules de paz en Chocó y Antioquia, con la declaración de un patrimonio líquido de $14.745 millones en 2024, el monto más alto entre ambas corporaciones legislativas. Mosquera también había ocupado el primer lugar de esta clasificación en el anterior periodo del Congreso.
En ese año registró ingresos por $2.418 millones, de los cuales $1.719 millones correspondieron a otros ingresos y rentas, $398 millones a salarios y $246 millones a gastos de representación, según detalló Cambio. Además, declaró diez inmuebles —cuatro en Bogotá y seis en Quibdó— valorados en conjunto en cerca de $1.981 millones. El representante ha enfrentado cuestionamientos sobre el aval con el que llegó al Congreso y, en 2024, tuvo un proceso ante la Corte Suprema por presunto fraude en el Registro de Víctimas.
El segundo patrimonio corresponde a Carlos Gumercindo de la Peña, conocido popularmente como Gumer, representante del Partido de la U por Cesar. Su última declaración, publicada en 2024, registra un patrimonio líquido de $7.354 millones. Antes de ser congresista desarrollaba actividades empresariales y su campaña contó con el respaldo del clan Gnecco y de la gobernadora Elvia Milena Sanjuán.
De la Peña informó tres fincas, una casa en Aguachica y un apartamento en Bucaramanga, con un valor total cercano a $1.208 millones. También tiene participaciones en 3H DLP Inversiones y DLP y D Inversiones Agropecuarias. Durante el último año declarado recibió $743 millones, y de ellos, $606 millones fueron otros ingresos y rentas, y sus obligaciones sumaban $67,5 millones.
El conservador Alfredo Cuello Baute, conocido como Ape Cuello, figura en tercer lugar con un patrimonio líquido de $5.475 millones. El representante cesarense, que lidera el Equipo Azul y ha construido una estructura política propia en el departamento, informó inmuebles en Valledupar por $2.441 millones y ganado valorado en unos $1.054 millones.
En 2025, Cuello declaró ingresos por $2.930 millones. De esa suma, $2.179 millones fueron otros ingresos y rentas, mientras que sus cuentas corrientes alcanzaban $752 millones. También incluyó vehículos y maquinaria por $634 millones, además de deudas por $221 millones con particulares y otros $221 millones con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
El representante del Centro Democrático por Antioquia Óscar Darío Pérez Pineda ocupa la cuarta posición con un patrimonio líquido de $5.408 millones. El congresista, respaldado políticamente por el exalcalde de Medellín Luis Alfredo Ramos, registró en 2025 ingresos por $1.871 millones, de los cuales $1.114 millones fueron otros ingresos y rentas.
Entre sus activos aparecen $1.934 millones en depósitos bancarios en Panamá, inversiones financieras por $1.309 millones en ese país y cuentas por cobrar por $943 millones. También informó una casa de recreo en Rionegro, dos propiedades en Medellín y obligaciones por $600 millones para adquirir un inmueble, además de una deuda de tarjeta de crédito de $34,7 millones.
El quinto lugar lo ocupa Víctor Manuel Salcedo Guerrero, representante del Partido de la U por Valle del Cauca y miembro de Nueva Generación, el grupo político de la gobernadora Dilian Francisca Toro. Su patrimonio líquido es de $3.790 millones y está asociado, entre otras actividades, a negocios agropecuarios, cultivos de uva y caña, y un criadero de caballos.
Salcedo declaró en 2024 ingresos por $1.499 millones, incluidos $794 millones por otras rentas y $401 millones por salarios e ingresos laborales. La mayor proporción de sus bienes corresponde a 15 participaciones en inmuebles de Buga, valoradas en más de $3.103 millones.
En contraste, las mayores obligaciones financieras las informó el liberal Alexander Arley Bermúdez Lasso, con $1.463 millones. Le siguen Erick Adrián Velasco, del Pacto Histórico, con $1.239 millones, y Nataly Vélez Lopera, de Cambio Radical, con $1.054 millones. Samir Eduardo Radi Chemas, también de Cambio Radical, declaró deudas por $996 millones, mientras que Jezmi Lizeth Barraza Arraut, del Partido Liberal, registró $885 millones.
El patrimonio líquido más bajo lo declaró Carlos Mario Calvo, de Unidad Minga por Colombia, con $3 millones. Jaime Arturo Santamaría Acosta, del Pacto Histórico, informó $16 millones, y Jhon Fredi Valencia, representante de las curules de paz, $37 millones. Hernán Muriel Pérez, José Felipe Hernández Polo y José Luis Bohórquez López, los tres del Pacto Histórico, completan ese grupo con $38 millones, $49 millones y $52 millones, respectivamente.
Cuatro representantes obtuvieron más ingresos fuera del Congreso
Vale mencionar que la remuneración anual de un congresista ronda los $660 millones entre salario y pagos asociados a su cargo. Sin embargo, el informe periodístico indica que Mosquera, Cuello, Pérez y Salcedo obtuvieron durante un año completo más recursos de otras actividades que de su trabajo legislativo.
Por un lado, Ape Cuello declaró en 2025 que cerca de tres de cada cuatro pesos de sus ingresos provenía de otros ingresos y rentas. Los $2.179 millones registrados bajo ese concepto casi triplicaron lo que recibió por salario, gastos de representación y cesantías como congresista, según reportó Cambio.
La ganadería, la agricultura, los bienes raíces y las inversiones financieras explican parte de esos ingresos. Cuello concentra recursos en la actividad ganadera y Salcedo en la agricultura y las propiedades. Pérez es el único de los cuatro que informó activos financieros en el exterior: una cuenta del Banco de Bogotá en Panamá por $195 millones, inversiones en Banistmo por $1.934 millones y una cuenta de ahorros en Estados Unidos con $11,8 millones.
La suma de los patrimonios publicados favorece a los partidos con más integrantes o con mayor número de declaraciones disponibles. Con ese criterio, 21 representantes liberales acumulan $21.579 millones y 20 conservadores reúnen cerca de $20.273 millones.
Al calcular el patrimonio líquido promedio por representante, el Partido de la U ocupa el primer lugar con $1.793 millones. Las curules de paz alcanzan un promedio de $1.613 millones y el Partido Liberal, de $1.028 millones. El Centro Democrático registra $819 millones, Cambio Radical $758 millones, el Partido Demócrata Colombiano $744 millones y Alianza Verde $619 millones.
En la parte baja de la clasificación aparecen el Nuevo Liberalismo, con $367 millones por representante, y el Pacto Histórico, con $351 millones. Este último tiene 30 integrantes, la bancada más numerosa de la Cámara en el cuatrienio. En el Senado, La U también encabeza la medición: sus ocho senadores con declaración publicada suman $20.905 millones en patrimonio líquido.
Posibles conflictos de interés
Los congresistas informaron 162 familiares que podrían estar relacionados con posibles conflictos de interés, según el informe de Cambio. De ese total, 114 trabajan en el sector privado, 34 ocupan empleos estatales, ocho fueron incluidos sin precisar su ocupación y los demás son pensionados o beneficiarios de programas sociales.
La representante liberal Elizabeth Jay Pang Díaz incluyó a sus sobrinos Krizcha Jay Pang Pombo y Kenny Gilbert Jay Pang Pombo. En su declaración señaló que ambos podrían beneficiarse de decisiones que adopte el Legislativo. La congresista recientemente protagonizó además un choque con el presidente de la República Abelardo de la Espriella por la intervención del hospital de San Andrés.
Del mismo modo, Germán Rozo, también del Partido Liberal, declaró como posible fuente de conflicto de interés la situación laboral de su esposa, Martha Cecilia Pedraza Molano, funcionaria de la Defensoría del Pueblo. El registro incluyó también a su hermano Arnaldo Andrés Rozo Anis, funcionario de la Dian; a su hermana Seidel María Rozo Anis, vinculada al sector avícola; y a su sobrino Andrés Ricardo Ramírez Rozo, dedicado a la comercialización y distribución de materiales.
Aunque el número de familiares relacionados con cargos públicos es inferior al identificado entre los senadores, la comparación entre declaraciones patrimoniales y de renta mantiene abierta la discusión sobre la calidad de la información que los representantes deben publicar.
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