El nombramiento de Julia Cristina Daza Noguera como directora de la Biblioteca Nacional de Colombia quedó provisionalmente suspendido después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitiera una demanda de nulidad electoral que cuestiona los requisitos con los que llegó al cargo.
La acción fue presentada por Jennifer Pedraza Sandoval, Alejandra Sánchez Zuluaga, Andrés Felipe Salcedo Pinzón y Adair David Cotes Barros, quienes pidieron anular la Resolución DM No. 0608 del 1 de octubre de 2026, mediante la cual el Ministerio de las Culturas nombró a Daza como directora general de la Biblioteca Nacional.
Además de admitir la demanda, el Tribunal tomó una decisión inmediata: suspender provisionalmente los efectos del nombramiento, al considerar que, con las pruebas disponibles en esta etapa, la funcionaria no acreditó la experiencia profesional relacionada mínima exigida.
La decisión todavía no significa que el nombramiento haya sido anulado definitivamente. El proceso continúa y será en la sentencia de fondo cuando se resuelva de manera definitiva la legalidad de la designación.
¿Por qué demandaron el nombramiento de Julia Daza
Uno de los puntos centrales de la controversia está en los 72 meses de experiencia profesional relacionada que debía acreditar Daza bajo la alternativa de formación académica con la que fue evaluada.
El Ministerio de las Culturas concluyó que la funcionaria tenía 73 meses y 14 días, apenas un mes y 14 días por encima del mínimo requerido.
Los demandantes, sin embargo, cuestionaron varias de las experiencias laborales utilizadas para completar ese tiempo.
Entre ellas aparecen trabajos relacionados con comunicaciones, relaciones públicas, divulgación institucional y asesoría, los cuales, según la demanda, no tendrían suficiente relación material con funciones como la dirección de la Biblioteca Nacional, la coordinación de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas o la gestión del patrimonio bibliográfico y documental.
Los cuestionamientos sobre esa experiencia ya habían surgido públicamente desde comienzos de octubre. El Ministerio había defendido que las actividades acreditadas presentaban procesos funcionalmente similares a los exigidos para el cargo.
Trabajo en campaña de Noemí Sanín, entre las experiencias cuestionadas
Uno de los periodos que genera mayor discusión corresponde a cuatro meses y 23 días de trabajo con Noemí Sanín, entre diciembre de 2009 y mayo de 2010.
La certificación describe actividades de relaciones públicas y participación en el equipo estratégico de pautas publicitarias de su campaña presidencial.
La demanda también pone en duda experiencias certificadas en Fiduprevisora, Escolio Consultores, la Gobernación del Magdalena, Sociedad Puerto Industrial Aguadulce y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
De acuerdo con la documentación revisada por el Tribunal, el Ministerio había encontrado similitudes entre esas funciones y tareas de planeación, divulgación, gestión institucional y desarrollo de programas de la Biblioteca.
¿Qué dijo el Tribunal sobre la experiencia
En su análisis preliminar, el Tribunal fue más allá de simplemente admitir la discusión.
La Subsección concluyó que la experiencia reconocida por el Ministerio no guardaría similitud material suficiente con las funciones centrales del cargo.
Según la providencia, las actividades acreditadas estaban principalmente relacionadas con comunicación, relaciones públicas y divulgación institucional, mientras que el cargo exige responsabilidades vinculadas con dirección institucional, patrimonio bibliográfico, bibliotecas públicas, políticas de lectura y gestión cultural.
El Tribunal consideró, en esta etapa inicial, que el Ministerio hizo una interpretación inadecuada del concepto de “experiencia relacionada” al establecer la equivalencia entre esos trabajos y las funciones de la dirección de la Biblioteca.
Por esa razón ordenó la suspensión provisional del acto de nombramiento.
También cuestionaron que no sea bibliotecóloga
Los accionantes sostienen que el cargo estaría sujeto a una reserva profesional de Bibliotecología y que, por lo tanto, la directora debería tener formación específica en esa disciplina.
Daza es comunicadora social y periodista, con estudios de posgrado en gestión pública e instituciones administrativas. La propia Biblioteca Nacional informó esa formación al anunciar su posesión el pasado 1 de octubre.
Sin embargo, sobre este punto el Tribunal no tomó todavía una decisión definitiva ni lo utilizó como fundamento de la suspensión provisional.
El despacho explicó que resolver esa discusión requiere analizar conjuntamente las normas sobre bibliotecología, empleo público, bibliotecas públicas y el actual manual de funciones.
Ese manual permite acceder al cargo desde diferentes áreas profesionales, entre ellas Comunicación Social y Periodismo, Bibliotecología, Historia, Derecho, Administración y Ciencia Política, entre otras.
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